Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2025. Con el objetivo de combatir el creciente problema de los fraudes y delitos derivados de la usurpación de identidad, la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para tipificar este delito. La propuesta contempla la adición de un Capítulo III Quáter denominado “Usurpación de Identidad” y el artículo 390 Ter al Código Penal Federal.
Los delincuentes usan datos personales para hacerse pasar por las víctimas, valiéndose de técnicas como el parecido físico
La legisladora tamaulipeca destacó que la suplantación de identidad se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente y dañina, que inicia con la obtención ilegal de información personal y culmina en fraudes patrimoniales, extorsiones u otros delitos. "Los delincuentes usan datos personales para hacerse pasar por las víctimas, valiéndose de técnicas como el parecido físico, la similitud de voz o incluso engaños telefónicos, bancarios o en redes sociales", explicó.
En su exposición, Elizondo Guerra detalló varias modalidades de fraudes cibernéticos relacionados con este delito, como el phishing, skimming, smishing, pharming, vishing y el uso de programas keylogger o clicklogger. Estas técnicas permiten a los delincuentes acceder a datos personales, bancarios y contraseñas, poniendo en riesgo a miles de personas que usan redes sociales y correos electrónicos.
La diputada subrayó que este tipo de delitos ha incrementado significativamente, especialmente desde la pandemia por COVID-19. Citó datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que reportó más de 13,000 denuncias por fraude cibernético entre 2019 y mayo de 2021, evidenciando una tendencia al alza.
La iniciativa propone sanciones de dos a diez años de prisión y hasta 400 días de multa para quienes cometan este delito, con agravantes que incluyen la suspensión del derecho a ejercer actividades profesionales en áreas relacionadas con informática o telemática por hasta cinco años. Además, insta a los congresos estatales a realizar adecuaciones normativas en un plazo de 180 días para armonizar sus legislaciones.
Con esta propuesta, la diputada Olga Elizondo reafirma el compromiso del Partido del Trabajo con la protección de los derechos y el patrimonio de los ciudadanos, frente a las amenazas que representan los fraudes cibernéticos y la usurpación de identidad en el entorno digital actual.
