Durante la sesión de la Comisión Permanente, en la Agenda Política, relativa a la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial, de detener el proceso de selección de candidatos a la elección judicial de 2025, el diputado federal José Luis Montalvo Luna, consideró esta actitud de los integrantes del Poder Judicial como facciosa, además de plantear serias preocupaciones sobre su impacto en la independencia y eficiencia de nuestro sistema judicial.
No podemos permanecer pasivos ante esta violación directa a nuestra norma fundamental realizada por el Juzgado de Distrito en Michoacán
Al respecto, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que, con el otorgamiento de esta suspensión, se corre el riesgo de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no pueda presentar las candidaturas que la Constitución le obliga y se generen vacantes prolongadas en puestos clave, lo que derivaría en retrasos en la administración de justicia y la pérdida de confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones.
“Como integrantes del Poder Legislativo, no podemos permanecer pasivos ante esta violación directa a nuestra norma fundamental, realizada por el Juzgado de Distrito del estado de Michoacán. La suspensión de este proceso electoral interrumpe un mecanismo esencial para la renovación y fortalecimiento de nuestro Poder Judicial. La selección de jueces y magistrados es fundamental, para garantizar una justicia imparcial y efectiva”, sostuvo.
El congresista del GPPT puntualizó que la reforma al Poder Judicial no es un capricho legislativo, sino un esfuerzo por corregir años de privilegios y corrupción que han minado la confianza en este Poder y detener este proceso, bajo el argumento de incertidumbre constitucional, solo beneficia a quienes desean tener un sistema que protege intereses particulares, por encima del bienestar colectivo.
“La suspensión del proceso electoral puede sentar un precedente peligroso, donde decisiones judiciales internas, sean susceptibles a paralizaciones externas, debilitando así la separación de poderes que sustenta nuestro estado de Derecho; es imperativo que las autoridades competentes reconsideren y busquen soluciones que permitan la continuidad del proceso, respetando tanto la legalidad, como la autonomía del Poder Judicial”, concluyó.
